Los frecuentes casos de agresiones a docentes de enseñanzas medias movieron a las Administraciones públicas a ofrecerles una cobertura legal. Ya ha habido sentencias condenatorias a padres por faltas y agresiones contra docentes. Pero a nadie se le oculta que el problema es más hondo y surge de una crisis que afecta a nuestra arquitectura social.
Ocurre a veces que transformamos en leyes las costumbres cuando han dejado de serlo, y ése es el caso: que socialmente hace tiempo que los maestros dejaron de ser respetados en el sentido pleno y social de esa expresión. Los excesos autoritarios de las sociedades tradicionales y cerradas nos movieron a buscar fórmulas nuevas y a redefinir el papel del educador en el contexto de las sociedades democráticas y participativas. Además hubo cierto regusto en desvestir al maestro de sus ropajes venerables y mostrarlo expuesto como un trabajador más cuyos problemas laborales resultaban ciertamente acuciantes.
La avalancha de innovaciones pedagógicas - casi siempre maltraídas por las sucesivas reformas educativas- que postulaban una devolución al educando de su protagonismo frente al ‘opresivo’ y tradicional ‘dirigismo’ del maestro, así como las supuestas suprimir los sistemas de evaluación y superación de niveles, han terminado por desconcertarnos a todos y, sobre a todo, a padres, alumnos y maestros. Por último, la eliminación y el escarnio de cualquier aspecto disciplinar en la educación sincronizaba la escuela con la nueva sensibilidad pública dominante que excluía de la organización familiar todo atisbo de autoridad paterna y, por supuesto, de cualquier clase de ‘violencia educativa’.
Hemos llegado al punto no ya de que un cachete paterno sea perseguido de oficio por el diligente ministerio fiscal, sino de que los abusadores denuncian la violación de la intimidad de sus víctimas cometida por sus padres al curiosear las imágenes pornográficas con las que acosaban al menor. Y todos hemos respirado con alivio cuando el juez ha desestimado el recurso del abusador y no ha reprendido a los padres fisgones, porque nada aseguraba que se resolviera así. También en lo educativo muchas de las reformas han adolecido del más elemental sentido común, pero en cualquier caso, entre unas y otras se nos olvidó lo que le daba a los maestros ese ascendiente que llamábamos autoridad: la pasión por sus alumnos.
El hecho de que una persona se ponga al servicio de los que tienen que crecer para colaborar con ellos e indicarles el camino con el buen ánimo (a veces, compatible con el mal humor) del que disfruta haciéndolo, es un hecho tan gratuito como afortunado que genera por sí solo la gratitud que deja obligados a padres y alumnos, y que es la fuente moral de la autoridad del educador. Es simple pero no es fácil. Y con frecuencia los padres lo ponemos más difícil todavía porque confundimos lo que sólo cabe esperar con lo que tenemos el derecho de exigir. Tenemos derecho a que nuestros hijos sean bien educados y adquieran un determinado nivel de conocimientos, y en términos generales a que se les trate bien y con atención. Pero no tenemos derecho -porque se trata de algo que no se puede exigir- a que el maestro sienta el crecimiento de sus alumnos como suyo propio y haga del crecimiento de nuestros hijos objeto de su desvelo personal. Semejante implicación es algo completamente gratuito, una vocación que sólo se reconoce adecuadamente mediante una rendida gratitud. Y, sin embargo, es esto último lo que sostiene el régimen de autoridad en el que es posible enseñar.
A mi juicio es la ingratitud de los padres lo que desautoriza a los maestros. Como es evidente no me refiero a hechos puntuales de ingratitud, sino a una disposición básica de la existencia que nos hace creer que tenemos derecho a todo. Sin embargo, aunque lo necesario se puede y debe exigir, lo definitivo es más bien un exceso de alguien que libremente convierte su oficio en un asunto personal y que resulta insustituible, especialmente cuando se trata de la tarea de enseñar a niños y jóvenes. Hemos abominado de una cultura de la gratitud por otra de derechos y exigencias y nos hemos creído que asegurando aquello que podemos exigir lograremos suprimir la necesidad de lo que sólo nos cabe agradecer.
Pero no es así, y al menos en educación sucede que sólo si las personas hacen mucho más de lo que es su estricta obligación las cosas funcionan como debieran. Para ser maestro es necesario involucrarse personalmente en el oficio de enseñar. La insolente suficiencia con la que los padres bien aderezados de derechos nos acercamos a los maestros y su consiguiente falta de ascendencia sobre nuestros hijos, secuestra la posibilidad de lo mejor de la educación: el mutuo hallazgo entre quién tiene que crecer y quién siente esas potencialidades ajenas como labor y pasión propia. Los padres no lo podemos exigir pero lo podemos fomentar, incluso nos cabe hacer invitaciones para que ocurra mediante una expectación respetuosa de los frutos del trabajo del maestro.
La palabra autoridad procede del latín auger que significa ‘hacer crecer llevar a su auge’. Ser maestro es propiciar el auge ajeno, cultivarlo y pro-curar que no crezca torcido lo que podría haber crecido alto y erguido. Mientras que el poder se tiene evitando que otros te lo quiten, la autoridad solo se consigue si otros te la dan. Así que si los maestros no tienen ya autoridad no es a ellos, no al menos principalmente, sino a nosotros a quienes hay que mirar. Pero quitársela es tanto como despojarles del poder de hacer crecer. Desde luego que hay maestros que no merecen ese nombre ni la autoridad que le corresponde, y su responsabilidad es tremenda. Dudo mucho que nuestro sistema educativo pueda regenerarse sin la salida de cuantos lo convierten en un varadero de frustraciones personales. Pero me temo que somos más los que le sustraemos a la educación su propio aliento disminuyendo lo que nos atrevemos a esperar de los maestros y, de paso, de los alumnos, nuestros hijos. Pocas miopías sociales y paternas resultan tan autolesivas como la ya cronificada desautorización del maestro.
Higinio Marín
