No parece muy justificable el optimismo del Gobierno
sobre la evolución de la economía en nuestro país, pues hasta ahora el único
dato objetivo es que se están sentando las bases para conseguir frenar el
déficit y emprender la recuperación de nuestra economía familiar.
Estoy
seguro de que vamos a salir de esta crisis, tanto, como que nada volverá a ser lo que es, ni a funcionar como
lo están haciendo hasta ahora; que tendremos que adaptarnos a los cambios que
se nos avecina con una mentalidad mucho más abierta de la que ahora tenemos. Pero
para que esto suceda la sociedad civil tendrá que estar más pendiente de la
evolución de los problemas, participar y colaborar en la solución de los mismo
y exigir mayor responsabilidad a la gobernanza de quienes elegimos para ello,
sobre todo, para evitar que puedan interpretar que los votos a favor son un
cheque en blanco para hacer lo que quieran, en lugar de adoptar lassoluciones de
urgencia que nos hagan salir de la
desesperanza que para muchos es el paro y la pobreza.
A
pesar de esto conviene que tengamos en cuenta que esta crisis no es sólo
económica, sino también ética y moral y aunque ahora tenemos claro que no es el
momento de preguntarnos quién envió los valores al desván, -ni es momento de
reproches- lo es, sin embargo, de empezar a llamar las cosas por su nombre. Digo
yo, que alguna responsabilidad tendrán quienes con síndrome de grandeza
administrativa, crearon empresas que ahora no se pueden costear, o
sencillamente gastan lo que no pueden pagar.Algo habrá que hacer, y pronto,
pararecuperar el prestigio de la decencia como valor moral deseable.Es urgente que
la sociedad civil se conciencie de la gravedad de la situación y de la necesidad
de reaccionar frente a la misma buscando el apoyo y el consenso de todos
aquellos que puedan contribuir a
superarla. Para empezar necesitamos la actitud ejemplarizante de nuestros
gobernantes en particular, y de la clase política en general, para que
mantengamos la esperanza de que de ésta
saldremos con el esfuerzo de todos y no sólo con el sacrificio de asalariados,
funcionarios y pensionistas.
Juan Miguel Molina